Un hombre adulto mayor que se desempeñaba bajo un contrato de prestación de servicios profesionales como conductor en una compañía reclamó el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada tras sufrir un accidente de trabajo y por el cual fue desincorporado sin la autorización del Ministerio de Trabajo.
La Corte interpretó el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada de acuerdo con el contenido de la Constitución colombiana y con la jurisprudencia anteriormente generada y con la verificación de la aplicación de la ley en la materia.
La Corte declaró vulnerado el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada del trabajador y revocó los fallos de primera y segunda instancia, declaró ineficaz la terminación de la relación contractual y ordenó la renovación del contrato de prestación de servicios con condiciones análogas a las que tenía al momento de dársele por terminado el último. Asimismo, precisó que si el trabajador no pudiere realizar las mismas actividades para las que fue contratado, debía ser reubicado y capacitado, para lo cual se debían ajustar las condiciones de trabajo conforme al principio de integración social. Finalmente ordenó el pago de los emolumentos dejados de percibir desde la desvinculación del trabajo y una indemnización equivalente a 180 días de remuneración.
En la sentencia se ordenó el pago de los emolumentos dejados de percibir por el trabajador, así como el pago de una indemnización.
Normativa nacional
Si
Norma(s) Nacional(es)
Constitución Política de Colombia, Ley 361 de 1997, Decreto 2463 de 2001.
¿Se derivó jurisprudencia?
no
Relevancia de la resolución
La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia destacó la existencia de una protección especial para quienes se encuentren en una circunstancia de debilidad manifiesta en las relaciones de prestación de servicios independientes, asimismo, reiteró el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En el caso en particular, reconoció el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada al que son acreedores los trabajadores adultos mayores, quienes han sufrido una pérdida de capacidad laboral por accidentes de trabajo.
