Recurso de casación No. 978-2019

La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú determinó que la jurisdicción de la actuación comunal-rondera se circunscribe a una zona geográfica específica y al ámbito cultural, es decir, la intervención de la ronda campesina se condiciona a que la conducta de algún sujeto, considerada injusta por la norma tradicional, afecte el interés comunal o de un poblador; igualmente si de la conducta juzgada por el fuero comunal-rondero se advierta la lesión o puesta en peligro del interés comunal o sus miembros, así como de los valores y bienes jurídicos tradicionales.  También, destacó que el registro de las rondas campesinas no condiciona su existencia, puesto que la autoidentificación es el hecho generador de las mismas.