La Corte declaró que no existieron los vicios de legalidad alegados en las resoluciones, en las cuales se: 1) condenó al pago de una multa derivada de una infracción y 2) declaró sin lugar el recurso de revocatoria contra dicha resolución. Asimismo, la Corte condenó al pago de costas; ordenó devolver el expediente a su oficina de origen y extender la certificación de la sentencia a la autoridad demandada y al Fiscal General de la República.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador confirmó la sanción impuesta a una empresa por cometer una infracción grave prevista en la Ley de Protección al Consumidor, ya que incumplió con la obligación de entregarle a la consumidora el título de propiedad sobre el lote que adquirió y pagó en su totalidad.