La Corte declaró inaplicables los artículos 68 parte final de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el 72 parte final del Reglamento de la Carrera
Fiscal, al transgredir los derechos de audiencia, defensa material y debido proceso; ordenó remitir el caso a la Sala de lo Constitucional para el examen de constitucionalidad de la normativa aplicada; declaró ilegal la resolución del Consejo Fiscal de la Fiscalía General de la República mediante la cual sancionó al demandante con la remoción de su cargo; declaró ilegal la resolución del Fiscal General de la República por medio de la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución anterior; ordenó restituir al demandante a su cargo y pagar los salarios caídos, prestaciones laborales; condenó a costas a las autoridades demandadas y ordenó que en la notificación se entregara certificación de la sentencia a las partes.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de El Salvador determinó la reinstalación de un hombre en el cargo que desempeñaba u otro de similar naturaleza y jerarquía, así como el pago de salarios caídos y prestaciones laborales que le correspondían. Lo anterior se sustentó en la declaración de inaplicabilidad de dos artículos que fueron base del procedimiento administrativo sancionador seguido en contra del demandante y que se declararon incompatibles con las garantías procesales constitucionales.