Demanda por derechos e intereses difusos o colectivos. Exp. No. 01-1274

El Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda en contra de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), el Consejo Bancario Nacional y la Asociación Bancaria Venezolana; exoneró de responsabilidad al INDECU; exhortó a la Superintendencia  a dictar la normativa prudencial necesaria para el “devengo de intereses” y para la “protección de los usuarios de los servicios bancarios”; desaplicó el parágrafo único del artículo 21 y el parágrafo único del artículo 22 de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, los artículos 3, 4 y 23 de las Normas de Operación sobre las Condiciones de Financiamiento Aplicables a los Préstamos que se otorguen con los Recursos Previstos en el Decreto Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional; desaplicó parcialmente  los artículos 12 y 35 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, el artículo 36 de la Ley de Política Habitacional de 1993 y el artículo 128 de las Normas de Operación de la Ley de Política Habitacional; desaplicó la Resolución Nº 97-07-02 del Banco Central de Venezuela del 31 de julio de 1997; ordenó al Banco Central de Venezuela que estableciera a partir de 1996 la tasa de interés máxima aplicable al mercado hipotecario; con relación a los créditos indexados del Área de Asistencia Habitacional III, o de los otorgados para la adquisición o remodelación de viviendas fuera del sistema de política habitacional; ordenó que los intereses fluctuantes de los primeros cinco años que se toman en cuenta para el refinanciamiento, se ajusten conforme a la tasa de interés que determine el Banco Central de Venezuela; ordenó que el Banco Central estableciera una tasa ponderada entre los intereses promedio del mercado; ordenó que a todo crédito vigente refinanciado para viviendas, correspondiente al Área de Asistencia Habitacional III que tuviera más de 5 años de  duración o que llegara a dicho término, a partir del presente fallo, le debía ser aplicada una nueva tasa; declaró nulos e inaplicables  los artículos 114 y 115 constitucionales; anuló las cláusulas que permiten al prestamista modificar unilateralmente los términos, condiciones y coberturas de los montos asegurados y para contratar a su arbitrio, sin autorización explícita del prestatario las pólizas de seguro; anuló la tasa de interés moratoria adicional de cualquier porcentaje, que se sumara a las tasas para el cálculo de los intereses moratorios del mercado;   ordenó la restructuración de los créditos concedidos y vigentes; declaró nulos los artículos 16 de las Normas de Operación sobre las Condiciones de Financiamiento aplicables a los Préstamos que se otorgaran con los recursos previstos en el Decreto Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional  y el artículo 121 de las Normas de Operación del 21 de junio de 2000; declaró nulas las estipulaciones de los contratos de financiamiento de vehículos que violaban el artículo 13 de la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio, y que establecían como intereses de mora, puntajes sobre el interés del mercado; ordenó al Banco Central fijar la tasa máxima de interés para el mercado de venta con reserva de dominio de vehículos; y ordenó que la sentencia se remita al  Ministerio Público, a fin que califique si existe el delito de usura por los hechos del caso.