Una asociación presentó un amparo por la vulneración a su derecho a la propiedad derivada de una ordenanza municipal que exigía el pago del servicio de agua. La Corte estudió si el Concejo Municipal, a través de la ordenanza que establece una tasa por el derecho a llevar agua (mediante el sistema de acueductos, de los nacimientos y manantiales de un municipio a otro) vulneró el derecho a la propiedad de la asociación y el derecho al goce al medio ambiente. Lo anterior porque existe una restricción al acceso al agua, de los habitantes del municipio de residencia de la asociación. Además, se advirtió que la asociación demandante, al ser la encargada de llevar agua del municipio de Huizúcar a las comunidades del Sur de Rosario de Mora, estaba obligada al pago mensual de cierta cantidad de dinero en concepto del tributo controvertido. Sin embargo, al comprobarse que dicho impuesto fue dictado fuera de la competencia del Concejo Municipal se acreditó la vulneración del derecho a la propiedad, al agua y al medio ambiente.
La Corte mediante la metodología de obligaciones internacionales realizó un recuento de los deberes de los Estados respecto al derecho al agua. Asimismo, analizó la interdependencia entre el derecho al agua potable y saneamiento con el derecho a la vida y a la dignidad humana.
La Corte declaró con lugar el amparo contra el Concejo Municipal de Huizúcar por la vulneración de su derecho a la propiedad y del derecho al medio ambiente, como consecuencia de una restricción al acceso al agua, de los habitantes de una comunidad; dejó sin efecto la aplicación de la Ordenanza de Tasas por Servicios, Permisos, Matrículas y Licencias a cobrarse en el Municipio de Huizúcar; dejó expedita la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales resultantes de la vulneración de sus derechos; y ordenó notificar la sentencia.
Sistema universal: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observación General No. 15 sobre el derecho al agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución A/RES/64/292 sobre el derecho humano al agua y el saneamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución A/HCR/RES/15/9 sobre los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento del Consejo de Derechos Humanos; Sistema interamericano: Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Caso Vélez Loor vs. Panamá; Resoluciones de tribunal diverso al que resuelve: Sala de lo Constitucional de Costa Rica, Tribunal Constitucional de Perú; Normativa diversa al país que resuelve: Constitución de la República del Ecuador, Constitución Política del Estado (Bolivia), Constitución de la República Democrática del Congo, Constitución de la República de Sudáfrica, Constitución de la República (Uruguay), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de Colombia, Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía, Constitución de la República de Gambia, Constitución de la República Federal de Nigeria, Constitución de la República de Panamá y Constitución de Zambia.
Normativa nacional
Si
Norma(s) Nacional(es)
Constitución de la República de El Salvador; Código Civil; Código Procesal Civil y Mercantil; Ley General Tributaria Municipal; Ordenanza de Tasas por Servicios, Permisos, Matrículas y Licencias a cobrarse en el Municipio de Huizúcar; precedentes de la Corte.
¿Se derivó jurisprudencia?
no
Relevancia de la resolución
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador advirtió que un municipio, propietario de los cuerpos de agua, impuso una tasa tributaria por el trasporte del vital líquido a una asociación ubicada en un municipio aledaño. Se concluyó que la tasa impuesta fue dictada fuera de la competencia del Concejo Municipal y constituyó una barrera económica para el acceso al agua, lo que afectó el derecho a la propiedad de la asociación. Asimismo, se consideró que dicha afectación constituyó una restricción en el acceso al agua de los habitantes del municipio beneficiado, lo que originó una vulneración a su derecho al goce del medio ambiente.
Se modificó la relevancia, la cual indicaba: El presente caso tuvo un dimensión objetiva, ya que las consideraciones que sirvieron al tribunal para fundamentar su decisión permitió establecer, desde ese momento, la correcta interpretación que ha de darse a las disposiciones constitucionales que reconocen los derechos a la propiedad y el medio ambiente, la cual deberá ser tomada en cuenta por los tribunales, autoridades y funcionarios de los otros Órganos del Estado cuando resuelvan los supuestos análogos que se les presenten.
